Boletín N° 159 - 22 de mayo de 2006
  Editorial. Perú: ¡Revolución no es terrorismo!

Una corte especial "anti-terrorista" en el Perú falló que el gobierno puede mantener presos al presidente Gonzalo (Abimael Guzmán) y a otros 23 líderes del Partido Comunista del Perú (PCP) cuatro meses adicionales, aunque las leyes peruanas especifican que nadie puede estar preso por más de tres años a menos que se declaren culpables de un crimen. Los defendidos ya han pasado de una a una décadas y media en el calabozo. Irónicamente, o más bien descaradamente, el fallo "excepcional" del 20 de mayo que la corte justifica confirma lo que los prisioneros y sus abogados han alegado desde que empezó el juicio en septiembre de 2005: por razones meramente políticas han tenido que soportar no solamente una corte especial sino una situación legal "excepcional" fuera de las normas y derechos que confieren las leyes y la constitución del país.

Antes de que empezara este "megajuicio" por "terrorismo agravado contra el Estado", todas las autoridades dejaron inconfundiblemente en claro que su único propósito sería reafirmar las cadenas perpetuas dictadas contra el presidente Gonzalo y la mayoría de los demás defendidos en juicios militares secretos exprés en 1992. En 2003, años después de la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, la corte constitucional del Perú anuló esas acusaciones argumentando que los militares no pueden juzgar a los civiles. Pero lo que no ha cambiado es el concepto jurídico de que esos acusados de "terrorismo" no tienen derechos y la decisión política de que el presidente Gonzalo, de 70 años de edad, nunca saldrá de la prisión militar especial.

Al igual que el primer tribunal militar, este juicio no sino un flagrante acto de venganza de los defensores del viejo orden. No se puede tildar de terrorismo a una rebelión de masas, especialmente del calibre de la guerra revolucionaria bajo la dirección del PCP que empezó en 1980. Ningún amante la justicia puede aceptar la tentativa del gobierno peruano, respaldado por Estados Unidos, de castigar al presidente Gonzalo y otros por haber iniciado una guerra popular, una lucha armada con profundas raíces profundamente y que se apoyó en los pisoteados millones de masas del país.

De eso se trata este caso, sin importar cuáles sean los actuales puntos de vista de los defendidos. La mayoría de los presentados ante la corte son reconocidos defensores de una posición que surgió dentro del PCP después de la captura del presidente Gonzalo, que sostiene que es necesario abandonar la guerra popular. (El juez procesa en ausencia a una docena de ellos.) Según esta posición, a cambio de un acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori, el partido debería disolver sus fuerzas armadas y las bases de apoyo revolucionarias, lo mismo que los organismos de poder político revolucionario mediante los cuales los campesinos creaban una naciente sociedad nueva en el campo. A pesar del aislamiento relativo en una celda subterránea, existe una amplia evidencia de que el presidente Gonzalo era el autor original de esa posición y continúa sosteniéndola hoy. No ha aprovechado sus apariciones públicas en juicios anteriores ni el actual para deslindarse de ella. Pero hoy están procesando a estos presos por haber iniciado la guerra popular, no por haber renunciado a ella.

Otro reciente fallo de la corte deja más en claro la venganza del gobierno. En el momento de su captura, el presidente Gonzalo y otros líderes vivían en un departamento en la planta alta de un estudio de ballet de la bailarina Maritza Garrido. El año pasado, al igual que a otros dos mil prisioneros políticos, la procesaron en una corte civil "anti-terrorista". El presidente del panel de tres jueces alega que a ella la deberían dejar en libertad porque sus declaraciones conciliatorias indicaban un cambio en sus creencias. No obstante, la mayoría del panel votó por darle una sentencia de 20 años de prisión. En el mismo día que la corte falló que el presidente Gonzalo y los otros continuarían presos en contravención de la ley, el máximo fiscal del país apeló el fallo en el caso de Garrido porque, argumentaba, era una condena no muy severa pero no lo suficientemente severa. Demandó que la declararan culpable de ayudar a "terroristas" y, por lo tanto, de ser una terrorista y que la sentenciaran al menos a 25 años.

Es más, al mismo tiempo que el todo el orden establecido peruano pide con vehemencia severos castigos para los miembros del PCP y sus simpatizantes por haber fomentado la violencia, ambos candidatos presidenciales tienen las manos manchadas de sangre. Alan García, presidente entre 1985-90, supervisó la masacre de cientos de prisioneros de guerra en las prisiones de El Callao, El Frontón y Lurigancho el 19 de junio de 1986, entre otros tristemente célebres crímenes de los cuales es personalmente responsable. Su oponente, Ollanta Humala, fue comandante de un batallón del ejército del pueblo de la selva Madre Mía a principios de los años 1990. Cuando lo acusaron de "indulgencia con el terrorismo", Humala se jactó acerca de la crueldad con la cual capturó, torturó y asesinó a "subversivos". Eso deja en claro que el juicio no tiene que ver con la violencia versus la no violencia. Se trata del derecho a la rebelión de los oprimidos.

La frenética venganza del orden establecido peruano tiene un propósito político consciente. La abrumadora mayoría de los peruanos aún viven en la desesperación. Las constantes efusiones de la furia y violencia de las masas demuestran que no han aceptado a voluntad su suerte. El decaimiento de la guerra popular no se debe principalmente a ningún cambio de estas circunstancias. Es obvio porque los gobernantes del Perú quieren aplastar y criminalizar la idea de la rebelión armada de las masas y el cambio revolucionario.

Es importante, para el pueblo peruano y para los pueblos del mundo, que se opongan esta tentativa de tildar a la revolución de "terrorismo". Es más, si bien no existe ninguna confusión entre una autentica guerra popular y los actos antipopulares tales como lo que hacen los reaccionarios fundamentalistas islámicos, es importante reconocer que lo que sucede en este juicio es parte de una ofensiva contra los pueblos del mundo encabezada por George Bush. Los gobiernos del mundo quienes apoyan a los mandatarios peruanos reclaman el derecho a hacer lo que les da la gana a cualquiera y en cualquier parte. Declaran públicamente que el terrorismo de bombardeos aéreos, invasiones masivas, Guantánamo, Abu Ghraib y la "entrega extraordinaria" a las cámaras de tortura son la esencia de lo que es correcto de acuerdo al derecho.

Los abogados del presidente Gonzalo han dicho que él y los otros defendidos han optado por guardar silencio en este juicio porque no reconocen la legitimidad de la corte. Incluso antes de declararlos culpables y dictarles sentencia, apelaron las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. En términos de declararlos culpables y dictarles sentencias, parece inevitable el resultado del actual juicio.

Las personas con simpatías revolucionarias y todos aquellos quienes creen en la justicia no deben guardar silencio ante actos tan indignantes como el actual juicio en Lima. Con el respaldo de los ejecutores de la "opinión pública" global, las clases dominantes en el Perú azuzan un clima de histeria e intimidación en que nadie se atreve a levantar la voz para exigir que se deje en libertad a esos defendidos y todos aquellos prisioneros por "terrorismo". Es posible cambiar esta situación. Entre más personas en el extranjero tomen una posición clara y abierta en contra de este juicio, mucho mejor será la posición del valiente pueblo peruano para hacer lo mismo. Es necesario desenmascarar y oponerse a la sanguinaria hipocresía y la reaccionaria política de este juicio.