Boletín - 3 de noviembre de 2014
  México: Crece la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa

En México, la segunda “Semana Nacional de Resistencia ¡Alto a la guerra contra el pueblo!” terminó el 26 de octubre con una marcha a través de vecindarios pobres y de clase obrera en los pueblos cercanos a la capital. Un eje importante de las actividades de la semana —y de la crisis política que se desarrolla en el país— fue el secuestro en Iguala por parte de la policía de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre, cuando policías y mercenarios civiles mataron a balazos a seis personas.

La semana empezó con un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se enfocó en el papel del gobierno federal en este crimen, en los asesinatos de inmigrantes de Centroamérica que pasan por México y en los “feminicidios”, la monstruosa ola de asesinatos y desapariciones de mujeres en el estado de Juárez, en la frontera norte del país.

Entre las actividades también se incluyeron una muestra de cine sobre la lucha por el derecho al aborto, una concentración en contra de la violencia hacia la mujer y una lectura de un monologo sobre los roles le impone a ella la sociedad patriarcal, una conmemoración a un activista político de la UNAM asesinado hace tres años, y una noche de rap y hip-hop “para denunciar al gobierno y al sistema capitalista, y llamar a la resistencia y a que el pueblo levante la cabeza para continuar luchando y avanzar hacia el cambio revolucionario que la humanidad necesita”.

La Red Nacional de Resistencia en México envió un mensaje de solidaridad al “Mes de resistencia contra la encarcelación en masa, el terror policial, la represión y la criminalización de una generación” en Estados Unidos.

Una amplia y creciente gama del pueblo está impulsando el movimiento para exigir que devuelvan a los estudiantes vivos, o que expliquen qué hicieron con ellos. Véanse fotografías de los 43 estudiantes y otras expresiones visuales de docenas de artistas en: http:/ilustradoresconayotzinapa.tumblr.com

A continuación un artículo, levemente abreviado, “14 crímenes y mentiras del gobierno federal en el caso Ayotzinapa” de Aurora Roja, blog de la Organización Comunista Revolucionaria, México (OCR). (aurora-roja.blogspot.com)

Los hechos demuestran que el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto y las fuerzas armadas cooperaron con la masacre de seis personas en Iguala y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; y desde entonces mienten y encubren los verdaderos hechos de ese crimen bestial. Varias veces han llegado al extremo absurdo de tratar de vincular con el crimen organizado a estos estudiantes, que tienen la necesidad de salir a pedir dinero para siquiera sufragar los gastos de su escuela. Y de todas formas las autoridades insisten en que la responsabilidad no va más allá de Abarca, alcalde municipal de Iguala, a quien dieron todas las facilidades para que muy convenientemente se diera a la fuga. Pero, ¿cuáles son los hechos?

1. El ejército colaboró abiertamente con la masacre: El 27 batallón de infantería en ningún momento intentó parar la balacera y cacería de estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre en Iguala, como era supuestamente su obligación legal, aunque los disparos seguían por más de una hora y dos o más estudiantes fueron secuestrados casi enfrente de su cuartel. Cuando el ejército salió a la calle tres horas después, luego del segundo ataque en que murieron dos normalistas más, fue para hostigar a las víctimas del crimen.  Cercaron a un grupo de jóvenes normalistas que cargaban a su compañero, Edgar Andrés Vargas, gravemente herido de un balazo en la boca, a una clínica particular. “Llegaron cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia, nos quitaron celulares. Registraron los tres pisos del hospital… Le prohibieron al médico de guardia que atendiera a Edgar. Y los cabrones nos decían: Ahora sí se metieron con hombres de verdad. ¡No chillen!”. Por haberle impedido el tratamiento médico, el estudiante casi murió. También espetaron a los estudiantes “ustedes se lo buscaron”, en clara justificación de la masacre, y al pedirles sus nombres, les soltaron la amenaza de que debían dar sus nombres verdaderos o ya nunca nadie los iba a encontrar, una amenaza no tan velada de desaparecerlos, como sí pasó con sus compañeros. (Fuentes: Entrevista por Blanche Petrich, La Jornada en línea, 11 oct. 2014; Guadalupe Lizzáraga, Los Angeles Press en línea, 30 sep. 2014. Testimonio de estudiante testigo ocular en programa de Carmen Aristegui, 30 oct. 2014)

2. Posible participación de elementos federales encubiertos en los ataques: ¿Quiénes fueron los “hombres armados vestidos de civil” que balacearon a los normalistas en los dos ataques en Iguala, donde murieron tres estudiantes y fueron heridos más de 20, y otros inocentes en la carretera por Santa Teresa, en que murieron el joven futbolista, el chofer del camión del equipo Los Avispones, y una mujer que viajaba en taxi? Es posible que no fueran simplemente policías municipales de Iguala y Cocula, y algunos sicarios de Guerreros Unidos, como ha dicho el gobierno. Su apariencia y su actuar coinciden con los de la Policía Federal en sus acciones “encubiertas”, así como con los del escuadrón de la muerte de la Marina que mató a 35 personas en Veracruz en 2011, que fingía ser del cártel Jalisco Nueva Generación. Son muchas las ocasiones en que el Estado mexicano ha disfrazado asesinatos, tortura y desapariciones de activistas y de otras personas inocentes cometidos por sus propias fuerzas como actos del “crimen organizado”. También es conocido que el Estado utiliza a los narcos para eliminar a todo tipo de oposición política, como fue el caso del asesinato de los dos encargados de la computación de votos para el Frente Democrático Nacional en las elecciones presidenciales de 1988. (Fuentes: Reportajes de varios periódicos del 27 y 28 sep. 2014; Proceso #1821; Anabel Hernández, Los señores del narco, p. 195)

3. Enterados desde el principio, los gobiernos federal y estatal dejaron que siguiera la masacre: Otro hecho que sugiere la posible participación de elementos federales y/o estatales en la masacre es que la policía estatal y el ejército enfrentaron a los normalistas en Chilpancingo pocas horas antes del ataque en Iguala, impidiendo la toma de autobuses ahí, y sabían que por eso los jóvenes iban para Iguala. ¿No es probable que cuando menos les hayan avisado a sus contrapartes en Iguala para hostigarlos? En todo caso, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, admitió que él sabía y que la PGR y el ejército sabían del ataque en Iguala de una vez (y el ejército evidentemente sabía por medio del 27 batallón de Infantería). Todos decidieron no intervenir y dejar que siguieran los ataques. (Fuentes: La Jornada, edición impresa, 26 oct. 2014, p. 6; “Carta abierta desde el extranjero”, #AyotzinapaSomosTodos)

4. A propósito, dejaron escapar al alcalde José Luis Abarca: Las autoridades estatales y federales dejaron más que suficiente tiempo para que huyeran los que acusan de ser los autores intelectuales de la masacre: el alcalde, su esposa María de Los Ángeles Pineda y el jefe de policía Felipe Flores Velázquez ¡hasta 26 días después del crimen! ¿No será que tienen miedo de quiénes más puedan quedar implicados por el testimonio de estos criminales desalmados? (Fuentes: Conferencia de Prensa del procurador general Jesús Murillo Karam, 22 oct. 2014, Boletín 198/14)

5. El gobierno federal se niega a reconocer que es un caso de desaparición forzada: El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que dentro de 72 horas del ataque, estaban dados los tres elementos que establecen la desaparición forzada de los normalistas, lo cual requiere por ley la intervención del gobierno federal. También recomendó “investigar por qué el Ejército y la policía estatal no defendieron a los jóvenes, cuando en el centro de Iguala se encuentra el 27 batallón de infantería, y el gobierno de Ángel Aguirre supo de la agresión al momento en que ocurría”. Evidentemente no se ha querido realizar tal investigación, por lo que podría revelar. (Fuente: La Jornada en línea, 21 oct. 2014)

6. El gobierno es indulgente con los policías asesinos: A pesar de que el gobierno acepta que dispararon a los estudiantes y se llevaron los desaparecidos en patrullas, los policías municipales presos no están acusados ni de homicidio ni de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada y “privación ilegal de la libertad”. (Fuente: La Jornada, edición impresa, 24 oct. 2014, p. 4)

7. Intentan sabotear las investigaciones: El personal forense estatal y federal violaron adrede los protocolos internacionales para la exhumación de cuerpos. El representante del Alto Comisionado de la ONU afirmó que no se respetaron los protocolos internacionales y que esto haría difícil o imposible lograr resultados confiables en las pruebas de ADN (de los restos exhumados en las primeras semanas). Miembros de organismos de derechos humanos criticaron que no se preservó el área ni se tomaron correctamente las fotos forenses ni las del lugar. Los cuerpos estuvieron mucho tiempo sin refrigeración en bolsas de plástico y los números de identificación se colocaron mal, lo que hace más difícil ubicarlos. (Fuentes: La Jornada en línea, 21 oct. 2014 y edición impresa 6 oct. 2014, p. 3)

8. Obstaculizan el trabajo independiente del Equipo argentino de Antropología Forense (EAAF), evitando que participaran en la exhumación de los cuerpos. La agente del Ministerio Público responsable de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas de Guerrero se opuso a acreditarlos como investigadores forenses y el Ministerio Público en Chilpancingo se negó a firmar la cadena de custodia de las muestras de ADN que tomó el EAAF de los familiares de los desaparecidos. (Fuente: Blanche Petrich, La Jornada en línea, 11 oct. 2014, p. 3)

9. La Procuraduría General cambia a cada rato su versión de los hechos, sin ninguna explicación: El 5 de octubre se anunció que se encontraron seis fosas clandestinas (aunque después dijeron cinco) localizadas por el testimonio de cuatro personas detenidas, y de ahí exhumaron 28 cuerpos, con la fuerte inferencia de parte del gobierno de que eran de los normalistas desaparecidos. Luego, el 9 de octubre, el procurador federal Murillo Karam anunció en conferencia de prensa que el arresto de cuatro personas el día anterior llevó a la ubicación de cuatro fosas más donde “presuntamente se habrían depositado los restos de otros 15 normalistas”. Al parecer, la “presunción” de Murillo Karam de que en este segundo grupo de fosas se encontrarían los cuerpos de los demás normalistas sólo se basó en restar 28 de los 43 desaparecidos que hay, para dar con 15. Luego, el 14 de octubre Murillo Karam anunció que ninguno de los 28 cuerpos exhumados de las primeras cincos fosas clandestinas correspondían al “ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado” (aunque el Equipo argentino todavía no ha anunciado sus conclusiones al respecto) y que en el segundo grupo de fosas “no se hallaron cuerpos”. No dieron ninguna explicación de por qué el supuesto testimonio de varios presuntos testigos, del que tanto alarde hicieron, resultó falso según su nueva versión. El procurador tampoco demuestra ningún interés ni intención de investigar quiénes fueron las personas asesinadas, cuyos cadáveres fueron quemados y enterrados ahí, y quiénes son los culpables de estos horribles crímenes.

Ahora nos dicen que cuatro nuevos detenidos ahora sí dieron la pista clave para buscar fosas clandestinas en Cocula, mientras “reorientan” la investigación a “encontrarlos vivos”, con todo un show de drones, patrullajes y recompensas que hasta la fecha no encuentran nada. Lo único que queda claro de todo esto es que el gobierno federal tiene más interés en encubrir los hechos que en investigarlos. (Fuentes: La Jornada, edición impresa, 10 oct. 2014 y 15 oct. 2014, p. 3; Proceso en línea, 14 oct. 2014, artículo de Marcela Turati)

10. El gobierno obstaculiza una búsqueda seria de los desaparecidos: El gobierno federal y el estatal no han rastreado los celulares de los alumnos desaparecidos, aunque los padres de familia han insistido que lo hagan. Repetidas veces el ejército o la Policía Federal les ha cerrado el paso a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), prohibiendo así que pongan al descubierto más fosas clandestinas o que investiguen en las que han ubicado. El 23 de octubre el abogado de la dirigencia de la Upoeg anunció que han encontrado “26 puntos probables de fosas clandestinas” en el área del Monte Horeb, municipio de Iguala, y que en seis de esos puntos encontraron “restos óseos, cabellos, ropa y mochilas”. El abogado también denunció que miembros de la Upoeg reciben amenazas telefónicas para que abandonen la búsqueda. Un día después, peritos de la Procuraduría General replicaron que “ya se habían hecho investigaciones y extraído los restos humanos desde la semana pasada”. Pero la Upoeg insiste que “halló ‘carne fresca’ y que en el paraje había un penetrante olor fétido, ‘una pestilencia insoportable de restos humanos recién tirados’” y que “vecinos le dijeron que todavía en las últimas noches ‘se siguen escuchando lamentos’”. (Fuentes: La Jornada, 24 oct. 2014, edición impresa, p. 7; y 25 oct. 2014, p. 3)

11. Un “mar de fosas clandestinas” y una historia de otros desaparecidos por el ejército: Como lo dice un dirigente del Frente Igualteco por la Dignidad y el Respeto a la Vida: “Iguala es una ciudad rodeada de un mar de fosas clandestinas”. Las autoridades estatales y federales ya sabían de esa matanza más generalizada mucho antes del 26 de septiembre, y no fue ninguna novedad “descubrir” fosas clandestinas. Exhumaron fosas con 19 cuerpos en mayo pasado y desde enero de 2014 habían aparecido 81 cuerpos, sin contar los 28 exhumados el 5 de octubre, aunque sin duda existen muchos más.

El hecho de que el ejército es culpable de por lo menos algunos de estos asesinatos anteriores lo documenta un reportaje reciente de la Associated Press (AP) sobre un caso de 2010, cuando el ejército desapareció a Francis García Orozco, de 32 años, y Vladimir Lenin Pita, un joven de 17 años. Hay testigos y un video que documentan que se los llevaron soldados, cuando los dos transportaban el equipo de sonido de un club nocturno al recinto de la feria para un festival. Los dos siguen desaparecidos y el crimen sigue impune. (Fuentes: La Jornada, edición impresa, 23 oct. 2014, p. 5; “Hunt for 43 students highlights Mexico’s missing”, Associated Press en línea, 22 oct. 2014; Sanjuana Martínez, La Jornada en línea, 19 oct. 2014)

Además, millones de personas ya conocen que el ejército ejecutó a 21 jóvenes que se habían rendido en Tlatlaya, Estado de México. No cabe duda de que las Fuerzas Armadas están asesinando a mucha gente a sangre fría, sobre todo jóvenes de las clases bajas y luchadores sociales, como lo son los estudiantes de Ayotzinapa.

12. El gobierno federal sabía de los crímenes anteriores del alcalde Abarca y los encubrió: El gobierno federal también es culpable de los asesinatos y desapariciones en Iguala porque encubrieron el asesinato de Arturo Hernández y dos compañeros más de la Unidad Popular de Iguala el 30 de mayo de 2013. Murillo Karam y el secretario de Gobernación Osorio Chong negaron todo conocimiento de estos asesinatos, pero esto es una burda mentira. El caso fue denunciado ampliamente en Internet, la esposa de Arturo Hernández acusó a Abarca de haber cometido los asesinatos y un sobreviviente del secuestro testificó que presenció que Abarca personalmente mató a Arturo Hernández con un tiro a la cabeza y otro al pecho. Este testigo ocular dio su testimonio primero ante un notario público en el Distrito Federal, y otra vez ante una agencia del Ministerio Público en marzo de 2014. La Red Solidaria Década de Impunidad (RSDIAC), encabezada por el obispo Raúl Vera López, tenía más de un año exigiendo que el procurador abriera el caso contra Abarca cuando sucedió el ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. La oficina de la Procuraduría General hizo saber a integrantes de la RSDIAC que “no quiso actuar contra José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, Guerrero, porque tenía fuero”. ¡¿Y ahora nos quieren decir que no sabían nada del caso?!

Raúl Vera declaró que el secuestro de ocho integrantes del Frente Unidad Popular y el asesinato de tres de ellos es el antecedente que explica lo que pasó a los normalistas: “Aquí tenemos un caso claro en el que la prioridad es tapar todo; Abarca secuestró, torturó, asesinó y no pasó nada. Ahora vuelve a secuestrar, no sabemos dónde están los muchachos y otra vez, el Estado se propone tapar todo. Se están yendo por los policías… No es la policía; queremos que salgan a relucir las cabezas de esto”. (Fuente: Proceso #1980, 12 oct. 2014, “El Estado se convirtió en una ‘institución criminal’”, por Arturo Rodríguez García)

13. Apología para los asesinos, criminalización a las víctimas: La conferencia de prensa del Procurador Murillo Karam del 22 de octubre es un ejemplo de su apología para las autoridades y la policía de Iguala y los intentos del gobierno federal de criminalizar a los estudiantes. No toma en cuenta ningún testimonio de los estudiantes agredidos: todo lo que afirma se basa en “testimonios” de policías, funcionarios municipales, sicarios y supuestos líderes de Guerreros Unidos.

Miente al decir que el motivo del ataque fue “evitar que los estudiantes ‘sabotearan’ la fiesta [organiza por la esposa del alcalde]. El primer ataque comenzó cuando los normalistas ya habían pasado ese lugar, sin parar ni bajarse de los buses, y buscaban salir de la ciudad. Patrullas de la policía bloquearon la calle y no permitieron su salida. Así el Procurador pinta una masacre bestial casi como un acto de “autodefensa” por parte de los asesinos. Luego justifica que Guerreros Unidos solo “defendían su territorio de influencia en Iguala”, en contra del “grupo delictivo contrario”. (Fuente: Conferencia de Prensa de Murillo Karam, 22 oct. 2014, Boletín 198/14)

14. El gobierno federal persiste en agredir y torturar a la gente, desde que la Policía Federal tomó el control de la (in)seguridad pública en Iguala, allanando casas, golpeando y deteniendo a personas inocentes, y arrastrando gente que acusaron de tener nexos con el narcotráfico. (Fuentes: La Jornada, edición impresa, 25 oct. 2014, pág. 3. y 29 oct. 2014, pág. 5)

En resumen, no es solamente el gobierno municipal de Iguala y sus policías, también los gobiernos federal y estatal, con sus policías y fuerzas armadas, son asesinos, torturadores y secuestradores, y carecen de toda legitimidad.