Actuando en nombre del gobierno peruano, el gobierno español ha arrestado Adolfo Olaechea Cahuas, quien ha vivido en Londres desde hace varias décadas. Durante los años ochenta y comienzos de los noventa, era reconocido en esa ciudad como un partidario de la guerra revolucionaria en Perú.

Este incidente es tan ridículo como potencialmente muy serio. Olaechea nunca ha sido acusado de ningún acto físico ilegal. Incluso la reaccionaria prensa de Lima admite que él nunca ha tenido conexión directa alguna con el Partido Comunista del Perú (PCP), que lazó la Guerra Popular en 1980. En septiembre de 1992, en una jugada en contra del movimiento internacional para defender la vida del Presidente Gonzalo (Abimael Guzmán) del PCP, quien acababa de ser capturado, el dictador peruano Albero Fujimori hizo juzgar en ausencia por un tribunal militar a Olaechea y a otros tres peruanos que habían estado viviendo en el exterior desde hacía varios años. Al igual que los demás, Olaechea fue condenado por sus opiniones y nada más. Desde el descrédito y la caída de Fujimori, los tribunales peruanos han revocado la legalidad de los dos primeros cargos, pero supuestamente aún está vigente una acusación por el cargo de “terrorismo” contra los cuatro.
El gobierno británico rechazó la petición del Perú de extraditar a Olaechea en 1994. Según la revista limeña Caretas, desde entonces el gobierno peruano le devolvió su pasaporte peruano, y él viajó en varias ocasiones al extranjero desde el Reino Unido sin problemas. Según una declaración de su esposa, Olaechea estaba de vacaciones en España cuando fue arrestado el 4 de julio. La prensa de Lima afirma que la policía española llevaba a cabo una inspección de rutina a los extranjeros registrados en hoteles en Almería cuando vio su nombre, que estaba en una lista transmitida por la Interpol (la agencia de Policía Internacional). Fue enviado a una cárcel cerca de Madrid. Perú ha pedido que sea mantenido en prisión hasta que los tribunales españoles fallen sobre su nueva petición de extradición. Se supone que esto ocurrirá dentro de 60 días.

Las circunstancias de este sorpresivo arresto son misteriosas. Podría estar relacionado con el empeño del actual presidente del Perú, Alejandro Toledo, por pintar al Perú como un país “normal” en términos de la legalidad, lo que no era posible en la época de Fujimori, a la vez que continúa con la campaña fujimorista de encarcelar por “terrorismo” a los líderes, los miembros e incluso a los sospechosos de ser simpatizantes del PCP, con el pretexto de los juicios civiles. (Es de suponer que si Olaechea fuera extraditado al Perú se le haría un nuevo juicio civil por “terrorismo”, un cargo que en este momento, tanto como hace una década, sería un crimen de opinión). Los tribunales españoles también han estado montando una campaña para poner las opiniones bajo supervisión de la policía. Particularmente, recientemente han proscrito un partido parlamentario vasco y periódicos vascos únicamente por sus opiniones planteadas públicamente. La explotación del Perú por parte de España es una fuente importante de su riqueza. Estados Unidos, que recientemente ha montado juicios secretos y encarcelamientos sin cargos, ha dado su pleno respaldo a su actual títere peruano, quien ha recurrido cada vez más a las tácticas abiertamente represivas de “hombre fuerte” como lo hizo Fujimori. Toledo puede estar tratando de poner freno a la creciente convulsión contra su gobierno, mostrando sus colmillos a través estas medidas, pero simplemente se está revelando como el fiel sucesor de Fujimori.