El callejón sin salida del Acuerdo de Paz entra en un limbo

4 de Octubre de 2016

Todo parecía irles viento en popa el pasado 26 de septiembre cuando, tras cuatro años de negociaciones públicas, se firmó en Cartagena el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. 15 presidentes, 27 cancilleres y 10 directores de organismos internacionales (incluidos la ONU y la OEA) acompañaron a buena parte de los peces gordos del país en el evento que ponía fin a una guerra de más de 50 años. En pocas semanas —mediante un ágil “Procedimiento legislativo especial para la paz”— se tramitaría en el parlamento una ley de amnistía. Y se iniciaría el proceso de acantonamiento de la guerrilla en una veintena de zonas controladas por el ejército colombiano y por la ONU, que en los últimos tres de los seis meses de concentración recibiría las armas de la guerrilla. Para ese momento, alrededor de abril de 2017, las  FARC crearían un partido político legal consumando su ingreso al establecimiento.

Pero faltaba una pieza en ese engranaje: se esperaba que lo acordado en La Habana y firmado en Cartagena fuera refrendado en un plebiscito el domingo 2 de octubre. Un requisito que era “pan comido” ya que las encuestas daban una ventaja abrumadora del “Sí” sobre el “No”. Incluso la fecha fue escogida por ambas partes de manera deliberada: es la fecha de nacimiento del ícono de la “no violencia”, Mahatma Gandhi, el misógino defensor del sistema de castas indio quien además fue cómplice del brutal sistema de Apartheid de Sudáfrica, donde vivió por dos décadas, luego de lo cual dirigió al pueblo indio a la conciliación con el imperialismo británico y el régimen reaccionario del país para evitar que se encaminara por una salida revolucionaria.

Pero sus agüeros se fueron al diablo. El Acuerdo quedó en un limbo con el inesperado triunfo del “No”. Tan inverosímil que el Washington Post lo resumió citando un meme según el cual “si los colombianos fueran dinosaurios, habrían votado por el meteorito”. Sin embargo, fue un triunfo por un margen estrecho, por menos de medio punto porcentual (49,78% el “Sí” contra 50,21% el “No”), con el agregado de una alta abstención (62%). Tanto las FARC como el gobierno Santos habían apostado todo al triunfo del “Sí” en el plebiscito. Santos insistió siempre en que no tenía “Plan B” y las FARC, incluso tras conocer el resultado del plebiscito, han insistido en que su abandono de la lucha armada no tiene vuelta atrás. Ni la derecha más extrema, principales promotores del “No”, tenía en sus cuentas que pudiera ganar. Y se está viendo algo en apuros para pasar de ser parte de la escenografía a tener un papel en el drama de las negociaciones.

La división en las clases dominantes entre partidarios y opositores del Acuerdo tiene tanto de tragedia como de comedia. Por una parte, ha arrastrado (engañando, manipulando y degradando, como en muchas otras partes) con burdas mentiras a grandes sectores del pueblo hacia cada uno de los bandos y, por la otra, si bien en muchos sentidos son solo matices diferentes de la derecha, es real la división en torno al asunto de cómo lidiar con la guerrilla y en particular sobre el acuerdo de paz y refleja intereses de sectores económicos y sociales distintos aunque muy relacionados. Y el acuerdo toca aspectos más sensibles para el sector comandado por el expresidente Álvaro Uribe, en especial los grandes propietarios de tierras, sector tendiente al fascismo (la concepción de Uribe sobre el Estado se basa en la de Carl Schmitt) en un ya largo periodo de derechización (con cada vez mayor influencia del oscurantismo religioso) del espectro político tradicional, incluyendo el de los reformistas armados.

Cuán cierta la perspicaz observación de Lenin de que “Las personas han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los que abogan por reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes”. Las diferentes visiones (de ambas partes) en los acuerdos y en las disputas hacia el mismo plebiscito son generosas en “frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales” tras las que hay que descubrir “los intereses de una u otra clase” o sector de clase.

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El acuerdo consta de 5 puntos: (1) política de desarrollo agrario integral; (2) participación política; (3) fin del conflicto; (4) solución al problema de las drogas ilícitas; y (5) víctimas. Y hay un punto adicional sobre implementación, refrendación y verificación de los acuerdos. De los cinco puntos, el que causa menos escozor a la ultraderecha es el de fin al conflicto. Y los dos puntos más sensibles para la base social de los uribistas son el de tierras (1) y el de justicia y víctimas  (5). El punto de tierras, que pretende aclarar títulos y propiedades en el campo, pondría al descubierto a los usurpadores de tierras que han recurrido a la barbarie causando cerca de un millón de muertos en las diferentes oleadas de violencia en el último siglo, con “chulavitas”, “pájaros” y demás variantes de paramilitares hasta hoy. Muchos grandes terratenientes, principalmente ganaderos, y agroindustriales (grandes plantaciones) tendrían problemas para aclarar la propiedad sobre “sus” predios. El punto de justicia pondría en la picota a miles de militares, incluidos generales (y su jefes civiles) perpetradores y determinadores de genocidio como el caso de los más de 5000 asesinatos hechos pasar como bajas causadas a la guerrilla, los llamados “falsos positivos”. Y los instigadores y financiadores de grupos paramilitares tendrían que rendir cuentas. En todos estos, el mismo Uribe, su familia y amigos tendrían mucho que aclarar. Por otra parte, con el punto de participación política (2) además del de democratización de la propiedad rural (1), el Acuerdo “final” firmado en Cartagena concentra las aspiraciones comunes de dos bandos que enarbolan la democracia burguesa como el pináculo de la historia.

Pero el acuerdo resulta intrascendente para el pueblo en la medida en que no se busca transformar nada de manera radical (es decir, yendo a la raíz). Lo que sí significa es una oportunidad para los imperialistas y las clases dominantes locales para apuntalar su sistema (el sistema de producción e intercambio de mercancías que caracteriza al capitalismo) y legitimarlo ante el pueblo, y una oportunidad para los reformistas de las FARC de integrarse de forma más directa al establecimiento. Y, a pesar de los tira-y-afloje de los últimos meses, las conversaciones de paz con el ELN, tienen como objetivo llegar al mismo destino así ellos por ahora manifiesten que no van a transarse sin lograr cambios significativos en la sociedad colombiana.

Uno de sus objetivos de este proceso de paz con las guerrillas tradicionales es garantizar, con el apoyo de éstas, que no vuelvan a darse de forma organizada levantamientos violentos de las masas contra los opresores y todo lo reaccionario, además de canalizar más ese descontento generalizado y llevarlo por las vías en que las mismas clases dominantes locales y los imperialistas pueden garantizar la defensa de todo su orden social y legitimarlo ante las masas, un orden social donde la dominación imperialista desarticula y deforma la economía nacional, desarrollando enclaves productivos según las necesidades del imperialismo, aprovechándose de los recursos naturales como materias primas para incluirlas en los circuitos de producción y acumulación global, incluida la producción de cocaína que compromete a todas las clases dominantes y al sistema financiero que en últimas corona todo ese negociado; condicionando el desarrollo en algunas regiones y transando con la semifeudalidad que aún es rampante, principalmente en toda la estructura política y social; ampliando la brecha entre una miseria creciente y más profunda para las masas y el parasitismo de un puñado de sirvientes de los imperialistas que además controlan los medios para mantener una férrea dictadura.

El desenmascarar los “acuerdos de paz” como una ilusión fatal para el pueblo y rechazarlos NO implica estar en el mismo bando del sector reaccionario (Uribe, Pastrana y demás) que se ha opuesto (hasta ahora) a tales acuerdos –gente que en palabras del expresidente Belisario Betancur, “están a su modo ayudando a ver las falencias del proceso”, o sea, poniendo toda la situación más a la derecha en términos políticos y beneficiando a todas las clases dominantes y el imperialismo­–, ni implica optar por la guerra reaccionaria. Es simplista el razonamiento de que no queda más que estar de un lado o del otro en la actual polarización política del país: o de lado de la cacareada “paz” o de la brutal guerra contra el pueblo en la cual ni las FARC ni el ELN constituyen nada positivo en las aspiraciones de algo radicalmente distinto para la gente, y de hecho le hacen el juego al sistema en una lucha armada que nunca tuvo más perspectiva que ser moneda de negociación para unas cuantas reformas en el mismo marco de explotación y opresión general, una simple expresión del nefasto “realismo determinista” –ese enfoque pasivo y reaccionario hacia la realidad objetiva, hacia la “necesidad”, que declara que “lo deseable es lo que es posible y lo que es posible es lo que ya hay”.

Las posiciones predominantes en esta polarización política, con los “acuerdos de paz” entre los reformistas armados, por una parte, y los imperialistas y las clases dominantes de Colombia, por la otra, representan solo un callejón sin salida. (para las masas, campesinos pobres, jóvenes, mujeres, etc.). Los términos del debate al que han empujado a una gran cantidad de gente y que ocupa a toda la prensa representan una cortina que oculta el escenario donde el imperialismo garantiza una mayor penetración e inserción más profunda del país en la dinámica global del sistema capitalista imperialista, y mayor control y represión para el pueblo –por ejemplo, aprobando tácitamente el fascista nuevo código de policía–, y veredictos reaccionarios sobre la lucha del pueblo y sobre la posibilidad y necesidad de una verdadera revolución.

Este es parte del marco de estos acuerdos, no se reduce a un simple “asunto colombiano” o de la región. Los imperialistas ven esto como parte de una cuestión histórica. Declaran extasiados que la supuesta guerrilla “marxista” más antigua del mundo abandona “la revolución” y acuerda ser parte de un Estado democrático. Primero, las FARC nunca han representado ni la revolución ni el comunismo, por mucho que se repita esto, y no están abandonando la revolución. Las mentiras y tergiversaciones sobre la revolución y el comunismo permiten que tales cosas circulen y cobren importancia. Aún con influencia del vetusto PCC, las FARC surgieron como una forma de autodefensa campesina contra la represión gubernamental, para luchar por algunos cambios en la distribución de la tierra concentrada en grandes terratenientes y oponerse al amañado sistema político bipartidista del Frente Nacional –ese acuerdo político establecido entre sectores de las clases dominantes, concentradas en los partidos Conservador y Liberal, de 1958-1974, en el que decidieron turnarse la presidencia cada cuatro años y repartirse los diferentes puestos del poder pretendiendo limar sus disputas internas que adquirieron un carácter violento a finales de la década de 1940.

El programa de las FARC ha representado en lo fundamental al campesino colono que ha ampliado la frontera agrícola con la presión de la gran propiedad terrateniente (y en las décadas recientes con la adquisición de grandes extensiones de tierra por imperialistas y empresarios locales para la agroindustria y la especulación global sobre la producción de alimentos y agrocombustibles), y al campesino medio que demanda reformas del Estado de acceso a la propiedad de la tierra pero que no encarna la oposición radical a la dominación imperialista ni a las relaciones de propiedad e ideas reaccionarias asociadas con esa dominación y el atraso feudal. Las FARC –y el ELN– han convivido y han defendido la propiedad terrateniente y agroindustrial –de transnacionales y grandes propietarios locales– mientras paguen las cuotas que demandan, los “impuestos revolucionarios”, y se han beneficiado –directa o “indirectamente”– del negocio de las drogas. Siempre han tenido como consigna una búsqueda de inserción en el establecimiento a través de un acuerdo que les permita terminar su lucha armada, logrando algunas reformas de carácter apenas liberal, que están en plena consonancia con el desarrollo capitalista que requiere el imperialismo.

El “desarrollo agrario integral” –uno de los “importantes logros” de los acuerdos– es una fiel muestra de cómo la “alianza entre empresarios y campesinos”, con el establecimiento de nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) –algunas hectáreas de baldíos entregadas a comunidades campesinas organizadas para restringir el monopolio puestas en marcha en la década de 1990 por el Estado y desde entonces bandera de las FARC–, el mejoramiento de infraestructura, el acceso a créditos y la asesoría técnica, buscará la mejor organización de la explotación del campo y de la mano de obra campesina de manera capitalista y manejar el escollo legal después de décadas de brutal guerra contra las masas del campo: de desarraigo, masacres y mayor concentración de la propiedad de la tierra –el 0,4% de los propietarios poseen el 41% de las tierras para actividades agropecuarias, mientras el 60% de las familias del campo no poseen tierra, según el reciente Censo agropecuario. Hay más concentración de la tierra hoy que antes de las leyes de reforma agraria de los 60. Incluso el programa para el agro del gobierno Santos, las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), es aceptado en esencia en los acuerdos y pueden integrarse perfectamente con las ZRC.

Segundo, no se acuerda el fin de una lucha armada revolucionaria. Aunque estén levantadas en armas –una forma radical de lucha­–, las metas de las FARC y el ELN no tienen nada que ver con ir a la raíz de los problemas: no tienen metas radicales. Se requiere la dirección comunista revolucionaria que encarne un método y enfoque científico y una moral de verdad liberadora consecuente con las aspiraciones más elevadas de toda la humanidad, para guiar a las masas y que ellas hagan suya esta visión, en función de lograr las “4 todas”: la abolición de todas las distinciones de clase, de todas las relaciones de producción sobre las que descansan dichas distinciones de clase, de todas las relaciones sociales que corresponden a dichas relaciones de producción, y la revolucionarización de todas las ideas que corresponden a dichas relaciones sociales. Y no hay nada parecido a eso en la concepción de las FARC y el ELN, en absoluto.

Lo decisivo para el pueblo está en si este sistema de capitalismo-imperialismo, y la expresión concreta de su dominación en países como Colombia, continuará arrasando vidas por millones y al planeta mismo, legitimando su accionar a través de todos sus representantes –incluidos aquellos que se hacen pasar como de izquierda–, o si, a través de una nueva repolarización donde se desarrolle un movimiento para la revolución dirigido por un partido auténticamente comunista revolucionario, que haga suya la nueva síntesis del comunismo de Bob Avakian, y que en medio de las luchas contra los ultrajes que comete el sistema consiga que el pueblo se transforme para luchar radicalmente, se logre hacer una verdadera revolución que permita a la humanidad deshacerse de todos los años de tinieblas de las sociedades de opresión y explotación. Este es el reto crucial de los comunistas revolucionarios.

A pesar de que los partidos tradicionales han caído en el caos, de que millones se frustran y enfurecen cada vez más por el funcionamiento de la democracia burguesa, hay grandes posibilidades para mostrar la necesidad de una solución radical a todo esto: el derrocamiento revolucionario del orden existente y el establecimiento de un nuevo Estado verdaderamente revolucionario que pueda movilizar al pueblo para empezar a resolver los problemas que enfrenta la humanidad y superar las divisiones y las desigualdades que la devastan. La creciente polarización de la sociedad presenta serios peligros. Pero estas mismas condiciones explosivas también traen oportunidades reales de comenzar a forjar un futuro de diferente tipo. Hay una necesidad urgente de que millones se unan para enfrentar los enormes problemas del pueblo en Colombia y en todo el mundo desde una perspectiva que parta de las necesidades de la humanidad oprimida. Tenemos que mirar más allá del horizonte del actual sistema y empezar a construir un movimiento que no solo luche para combatir la arremetida reaccionaria sino también que nos pueda llevar hacia la única solución verdadera, la revolución comunista.